La detención en Bali de Bonnie Blue (nombre artístico de Tia Billinger) mantiene a las autoridades indonesias sin entregar detalles adicionales sobre el operativo realizado la semana pasada.
La creadora de contenido y 17 turistas varones, entre ellos 15 australianos que ya quedaron en libertad, fueron arrestados bajo sospecha de quebrantar la estricta normativa antipornografía del país asiático.
Blue, conocida por su participación en un documental donde mantuvo relaciones sexuales con 1.057 hombres en 12 horas, podría enfrentar sanciones que, de acuerdo con la legislación vigente, alcanzan hasta 15 años de prisión y multas de 6.000 millones de rupias (unos 541.000 dólares).
Las autoridades confiscaron cámaras profesionales, grandes cantidades de anticonceptivos, medicamentos para la disfunción eréctil, una camioneta azul rotulada como “Bonnie Blue’s BangBus” y registros en la cuenta de Instagram de la modelo en los que invitaba a estudiantes mayores de 18 años a participar en actividades sexuales.

Autoridades confiscan equipo audiovisual, anticonceptivos y vehículo rotulado BangBus. Foto:Instagram: @bonnieblue
Discrepancias sobre un eventual proceso penal
El abogado Philo Dellano, socio gerente de PNB Immigration en Yakarta, sostuvo ante News.com.au que el caso podría resolverse sin llegar a juicio. “Está detenida por la policía, lo que significa que pueden procesarla”, afirmó. No obstante, agregó que, en determinadas circunstancias, “si hay una 'mano invisible' que solicita su deportación, puede ser trasladada a la oficina de inmigración más cercana, desde donde será deportada de Indonesia”.
El especialista en inmigración señaló que en esta industria “siempre hay alguien o una organización que la controla para obtener ganancias”, lo que, según su análisis, podría dificultar una eventual judicialización. También insinuó que Blue pudo haber elegido Indonesia por considerar que, ante cualquier inconveniente, la deportación sería una salida probable. “¿Quizás esa sea la razón por la que vino aquí en primer lugar?”, planteó Dellano, quien prevé que las autoridades podrían esperar a que disminuya la atención mediática para liberarla “en enero o febrero del próximo año”.
Dellano añadió que existen antecedentes similares en Bali y que el desenlace para extranjeros acusados de crear contenido sexual suele depender “de la fuerza de la 'mano invisible' detrás de los extranjeros”.

Abogado Dellano señala posible deportación influida por una “mano invisible” del sector. Foto:Instagram: @bonnieblue
Casos previos y aplicación de la ley
En septiembre, una mujer estadounidense identificada como JRG fue deportada tras organizar un “retiro de dominio de la intimidad” en Seminyak, actividad que implicaba clases sobre prácticas sexuales y que fue considerada un uso indebido de la visa de ingreso. El año pasado, en Ubud, una ciudadana ucraniana señalada como VR y su hijo menor de edad también fueron expulsados después de que la mujer fuera detenida por presuntamente grabar material pornográfico con un permiso de residencia limitado.
Las autoridades de Bali han ejecutado múltiples deportaciones en los últimos años por infracciones similares, incluyendo casos de prostitución o actividades sexuales comerciales. Uno de los incidentes más difundidos ocurrió en 2022, cuando la influencer rusa Alina Fazleeva y su esposo fueron expulsados durante seis meses por fotografías en las que la mujer posaba desnuda junto al árbol sagrado Kayu Putih.

Expertos recuerdan que la Ley 44 permite procesar a todo infractor dentro del territorio. Foto:iStock
Debate jurídico sobre el alcance de la sanción
El abogado Krist Andi Ricardo Turnip, del despacho Malekat Hukum International Law Firm, sostuvo que Blue no necesariamente podría ser deportada sin antes enfrentar un proceso. En conversación con News.com.au señaló: “En mi opinión, como profesional del derecho, cualquier ciudadano extranjero sospechoso de infringir la Ley n.º 44 de 2008 sobre pornografía puede ser procesado en Indonesia”, recordando el principio de territorialidad que obliga a toda persona en el país a acatar su normativa.
Según explicó Turnip, quien sea considerado responsable de crear, mostrar o distribuir material pornográfico en territorio indonesio puede recibir penas de hasta 12 años de prisión. En determinadas situaciones, las autoridades también pueden recurrir a la Ley ITE y a disposiciones del código penal vinculadas con la moralidad. “Si las pruebas son sólidas, el caso puede trasladarse a un tribunal penal”, afirmó, aunque aclaró que, si se estima más adecuado, “el gobierno puede simplemente llevar a cabo la deportación a través de la autoridad migratoria”.
*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y un editor.
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