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Se ha desatado un intenso debate en Gerona tras un caso de ocupación ilegal que ha perjudicado a Jordi Riera y a su familia. La controversia surgió cuando la policía desalojó a los Riera de su hogar, facilitando la entrada de okupas. Los nuevos inquilinos respaldaron su estancia con un vídeo donde se les ve cocinando en la vivienda, mientras que los propietarios presentaron las escrituras legales del inmueble.
La respuesta de las autoridades ha sido blanco de críticas, especialmente porque advirtieron a los legítimos dueños de que, si intentaban recuperar su propiedad por la fuerza, podrían enfrentarse a una acusación de «violación de domicilio», según avanza CatalunyaPress. En el interior de la vivienda, los ocupantes, algunos portando pasaportes marroquíes y otros con NIE, han provocado ruido constante, incluyendo golpes y demoliciones nocturnas, lo que ha agravado la angustia de la familia afectada y algunos vecinos.
El sistema legal ha evidenciado notables carencias en este caso. Aunque se presentó una denuncia, el juzgado no había recibido el atestado policial 24 horas después del incidente. Además, los procedimientos relacionados con ocupaciones solo se procesan los miércoles, lo que ha generado retrasos significativos. Por otro lado, unos pocos vecinos han mostrado indiferencia ante la situación, asegurando que «no será un problema mientras no molesten».
Jordi Riera ha manifestado un profundo sentimiento de desamparo ante la falta de apoyo institucional. Ha subrayado que la legislación actual suele favorecer a los ocupantes, dejando a los propietarios en una posición vulnerable. Ante esta situación, Riera ha pedido reformas legales que permitan resolver estos casos de forma más ágil y eficiente, planteando la necesidad de un procedimiento exprés contra la ocupación ilegal.
En paralelo, las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para la familia Riera, que ha solicitado ayuda y sugerencias para recuperar su vivienda. Esto ha generado una movilización ciudadana, con grupos organizándose para desalojar a los ocupantes o manifestarse contra esta problemática. La indignación general ha puesto de manifiesto las fallas del sistema judicial, que, en muchos casos, prioriza los derechos de los ocupantes sobre los de los legítimos propietarios.
El caso de los Riera no sólo resalta los desafíos legales y sociales en torno a la ocupación, sino que también plantea una urgente necesidad de reformar las normativas existentes para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.
