Amparo (no es su nombre real, aunque empieza también por A) decidió el 7 de agosto de 2017 que no podía esperar para que un médico le viese la hinchazón que tenía en el muslo de su pierna izquierda y se presentó ese mismo día en el servicio de Urgencias del hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Once días después le hacen una resonancia magnética y al día siguiente, una biopsia. Había dos opciones: un tumor benigno (mixoma) o uno maligno (liposarcoma) y el 28 de ese mes, aún sin el informe definitivo del patólogo se etiqueta el caso como un sarcoma, un cáncer. Las pruebas continúan ese mes de agosto y también el de septiembre, pero sin resultados concluyentes. A finales de septiembre, el diagnóstico sigue siendo sarcoma, pese a todo, y a Amparo le ofrecen sus médicos formar parte de un ensayo clínico que conllevaba la administración de tres sesiones de radioterapia y quimioterapia con un nuevo medicamento, la trabectedina.
En diciembre de ese año, además, la intervienen quirúrgicamente "muy agresiva", según relata la propia paciente, en la que no solo le extirpan la masa tumoral del muslo izquierdo, sino todo el músculo cuadriceps y el nervio femoral. El resultado, una pérdida casi total de movilidad en esa pierna y una discapacidad reconocida del 66%, aunque lo peores que el sarcoma por el que Amparo tuvo que pasar aquel calvario clínico, en realidad, no existía. No existió nunca.
La paciente, asesorada por la abogada María Jesús Villalpando, presentó una reclamación administrativa, a la que el SAS respondió con silencio, y se fue luego a los tribunales. Y, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado la razón y le ha concedido una indemnización de 250.000 euros por lo que considera "daños desproporcionados" de un tratamiento que respondía a un diagnóstico erróneo, aunque los magistrados destacan, por encima de todo, que los médicos no informaron correctamente a la paciente acerca de la posibilidad de que no fuera un tumor maligno.
La sentencia relata cómo fue tras esa operación cuando, al fin, se puedo realizar un diagnóstico certero a partir de la biopsia del tejido extirpado y quedó completamente descartado el cáncer. Pero ya era tarde para Amparo que, con 39 años, necesita bastones para poder desplazarse.
El TSJA es claro al señalar que "no se informó" a la paciente de "las dudas diagnósticas que ofrecía el caso" y añade que "se privó" a Amparo "de conocer esa falta de certeza diagnóstica teniendo legítimo derecho a ser informada" y eso le hizo imposible tomar una "decisión clave", la de someterse a la intervención. De haber conocido las dudas, añaden los magistrados del Alto Tribunal andaluz, podría haber pedido nuevas pruebas que hubieran puesto al descubierto el error de diagnóstico.
El tribunal hace especial hincapié en que no tiene dudas sobre la dificultad que entraña el diagnóstico de un sarcoma, del "celo profesional" mostrado por los médicos que atendieron a esta mujer y de su "solvencia técnica". Sin embargo, pone el foco en el daño desproporcionado que se causó a la paciente por el error en el diagnóstico. Amparo hubiese pasado, sí o sí, por el quirófano, dice la sentencia, pero los daños, la mutilación que sufrió en la práctica, podrían haber sido mucho menores, fueron, en palabras de los magistrados, "de una magnitud superior a los razonablemente esperables para curar sus dolencias".
La asociación El Defensor del Paciente, que ha asesorado a Amparo en el procedimiento, ha destacado, además, que coincidiendo con este caso dos médicos de la Unidad de Sarcomas del Virgen del Rocío han abandonado este centro. La presidenta de la ONG, Carmen Flores, ha solicitado al SAS la apertura de una investigación sobre un posible aumento irregular de diagnósticos de sarcoma en el hospital durante aquella etapa. Además, insta a esclarecer las circunstancias que rodearon el ensayo clínico aplicado, cuyo uso fue supuestamente abandonado, así como la desaparición de profesionales clave de la unidad implicada.
Igualmente, trasladará el caso a la Inspección de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con el objetivo de "obtener respuestas a interrogantes que desde el inicio han sido silenciados". "Estamos ante un caso extremadamente grave, rodeado de elementos contradictorios que exigen una respuesta clara, valiente y responsable por parte de las autoridades sanitarias", destaca Flores.
Por su parte, desde el Virgen del Rocío se señaló que se "acata la sentencia" y que toda la información relativa al caso ya se ha facilitado tanto a los tribunales como a la familia, con quienes el hospital, dicen estas fuentes, ha estado "en permanente contacto para lo que han necesitado".
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