España se queda sin bebés... sobre todo en el norte: Cantabria lidera el desplome de la natalidad en la UE con un 49% desde 2008
EFE
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Si en el año 2008, en pleno boom de fecundidad en España, las previsiones hubieran proyectado un desplome de la natalidad como el que aconteció tras el estallido de la crisis económica y financiera en nuestro país, habría resultado, cuando menos, difícil de encajar en los marcos teóricos del momento. Sobre todo, en un contexto de ola migratoria sin precedentes que prometía mantener la capacidad reproductiva y ayudar a la sostenibilidad demográfica durante décadas. Pero con la perspectiva actual, lo realmente complejo resulta imaginar que el número de nacimientos pueda volver a repuntar hasta los niveles de hace 17 años.
Es un problema europeo, pero con especial incidencia en España. Entre 2008 y 2023 -desde el inicio de la Gran Recesión hasta el último año completo con registros comparables- nuestro país acumula una caída en el número de nacimientos del 38%, el tercer mayor descenso de los países comunitarios, sólo por detrás de Letonia (41%) y Grecia (40%). De media, la natalidad se ha hundido en la UE un 21,5% en este periodo. Son datos recopilados por Funcas, que ha analizado la evolución de la natalidad en el entorno europeo y ha llegado a la conclusión de que sólo Alemania, con un crecimiento del 2%, y países de menor tamaño como Luxemburgo, Chipre o Malta han registrado un aumento de los nacimientos en este periodo.
En 2023 nacieron 319.830 bebés en España, lejos de los 518.503 de 2008. Y prácticamente la mitad de los más de 600.000 que se registraban cada año hasta la segunda mitad de los setenta del siglo pasado. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 fueron un total de 322.034 nacimientos. La natalidad creció por primera vez en la última década, pero lo hizo muy levemente y el avance no evitó que, en pleno desembarco de la generación del baby boom en el sistema público de las pensiones, el número de nuevos jubilados (368.065) superara al de recién nacidos por segundo año consecutivo.
La pirámide poblacional se impone en las estadísticas, pero la caída de la natalidad no es uniforme en el mapa. El norte se tiñe de rojo, con comunidades autónomas que superan el 45% de descenso entre 2008 y 2023. Cantabria, de hecho, encabeza el desplome de los nacimientos no solo en España, sino entre todas las regiones de la Unión Europea, con hasta un 49%. Le siguen Asturias (45%) y La Rioja (43%), y se cuela Canarias, con un retroceso del 42%, por delante de Castilla y León (41%) y Galicia (40%).
En ninguna región crece la natalidad. Baleares y Murcia son las comunidades españolas que experimentan los descensos más moderados, aunque aún alcanzan un 31% y un 34%, respectivamente. En total, 15 comunidades y las dos ciudades autónomas figuran entre las 50 regiones europeas con las mayores caídas de la natalidad entre 2008 y 2023.
Esta distribución se explica por varios motivos. Para empezar, «hay algunas comunidades que están especialmente envejecidas y eso implica tener una menor proporción de mujeres en edad fértil», introduce María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, en conversación con EL MUNDO. Además, añade, «hay regiones a las que les afecta especialmente la despoblación, ya que muchos jóvenes se dirigen hacia otras comunidades autónomas o al extranjero por motivos laborales o educativos». En paralelo, en algunas zonas se da una menor proporción de población inmigrante, que tienen una tasa de fecundidad algo más elevada, y también subyacen causas relacionadas con «las condiciones laborales», la «accesibilidad de los servicios» o «los propios modelos culturales».
Impacto en el empleo y las pensiones
Desde Funcas advierten de que la persistencia de tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo repercutirá en una reducción muy sustantiva de la población activa y tensionará la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, sanitario y de atención a mayores dependientes. Precisamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de publicar un paper sobre empleo en el que advierte de que para el año 2060 la población en edad de trabajar se reducirá en un 30% en España y sufriremos la mayor reducción de la tasa de empleo con respecto a la población entre los países del bloque, con una caída del 10,3%, frente al 2% de media. «Este fuerte descenso se debe, en parte, a la baja tasa de fecundidad y a la elevada esperanza de vida en España en comparación con la mayoría de los países de la OCDE», afirma el documento difundido esta semana.
Como consecuencia, el número de personas mayores por persona en edad de trabajar aumentará considerablemente, pasando de 0,34 en 2023 a 0,75 en 2060. «Este cambio demográfico tendría importantes consecuencias para el crecimiento económico de España», advierte el informe. De hecho, según los cálculos del organismo con sede en París, si el crecimiento de la productividad se mantuviese en línea con su media de 2006-2019, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita aumentaría solo un 0,13% anual de aquí a 2060, frente al 0,53% registrado entre 2006 y 2019.
Con esta proyección como telón de fondo, la OCDE recomienda a nuestro país movilizar los «recursos laborales sin aprovechar», reduciendo «en al menos dos tercios la brecha de género en el empleo, activando a los trabajadores mayores en buen estado de salud y promoviendo la migración regular». Según el think tank, de movilizar estos recursos con éxito podríamos impulsar el crecimiento anual del PIB per cápita hasta el 0,73%, superando la tendencia histórica reciente. No obstante, avisa de que «para alcanzar el crecimiento del 0,9% previsto para el conjunto de la OCDE en un escenario similar, España necesitaría mejorar su productividad».
Conflicto intergeneracional
Además de esas medidas para contrarrestar los efectos del envejecimiento en el crecimiento económico, el informe incorpora un apartado en el que la OCDE abre sin tapujos el melón del conflicto intergeneracional que se está produciendo en España. «Los baby boomers han disfrutado de un crecimiento de los ingresos significativamente mayor que las generaciones más jóvenes durante las últimas tres décadas», introduce, para a continuación alertar de que «a menos que encontremos una forma de impulsar los ingresos de las generaciones más jóvenes, la desigualdad intergeneracional seguirá aumentando».
Los datos son contundentes: en 1995, la renta disponible equivalente de los jóvenes de 25 a 34 años era un 1,3% superior a la del grupo de 55 a 64 años. Sin embargo, esta tendencia se invirtió en la década de 2000 y, en 2022, las personas de mayor edad tenían ingresos un 5,6 % superiores a los jóvenes. «Además, los millennials españoles han experimentado un crecimiento limitado de los ingresos a lo largo de su vida adulta, en parte debido al estancamiento del crecimiento de la productividad laboral en las últimas décadas y al impacto duradero de la crisis financiera», añade.
A juicio de la OCDE, «prolongar la vida laboral en España no solo contribuiría a liberar recursos laborales adicionales para apoyar el crecimiento económico, sino que también aliviaría la carga que soportan los jóvenes, que ya están experimentando un estancamiento de sus ingresos». El Gobierno es consciente de esta necesidad y ya está dando pasos en esa dirección. La última reforma de las pensiones, de hecho, penaliza la jubilación anticipada e incentiva la demorada.
Ahora, el Ministerio de Seguridad Social está trabajando en una nueva reforma para incentivar la jubilación flexible, que es la modalidad que permite a los pensionistas ya retirados del mercado laboral incorporarse a un trabajo compatibilizando un salario por una jornada a tiempo parcial con parte de la pensión.
En el ámbito de la natalidad, las políticas de conciliación son clave para fomentar la fecundidad. Precisamente, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado la crisis abierta por la corrupción en el PSOE para exigir a Pedro Sánchez avanzar en medidas sociales. Y entre ellas ha priorizado la ampliación de 16 a 20 semanas de los permisos de maternidad y paternidad, así como la retribución de al menos cuatro semanas de las ocho que conforman el permiso para el cuidado de menores hasta ocho años.
Fuente:
https://www.elmundo.es/economia/2025/07/10/686fb279e85ece02278b4589.html
