En España, la descentralización autonómica fue concebida como un mecanismo para acercar la administración a los ciudadanos y reconocer la diversidad territorial. Sin embargo, lo que debería haber sido modelo de cooperación se ha transformado, en demasiadas ocasiones, en una empalizada. Que unos bomberos de Zamora no puedan auxiliar a sus compañeros de Cáceres por pertenecer a comunidades autónomas distintas es un síntoma claro de la esquizofrenia administrativa que padecemos. La paradoja es tan grotesca como peligrosa: bomberos españoles incapaces de hacer su trabajo no por la voracidad de unas llamas sino por un papel sellado en una consejería. Cuando la burocracia se interpone entre quien sufre y quien puede ayudarle, el Estado deja de cumplir su función primordial. Y lo más grave es que no hablamos de un fallo aislado, sino de un reflejo de un sistema donde las competencias se trocean hasta el absurdo y la cooperación interterritorial es más una excepción que la regla. La esquizofrenia autonómica no se manifiesta solo en la gestión de emergencias; aparece también en la sanidad, en la educación o en la justicia. Cada territorio administra sus recursos como si los ciudadanos que cruzan la frontera de una provincia dejaran de ser españoles para convertirse en súbditos de una república independiente. Recientemente, un juez (
@MagistraThor
) relataba cómo, tras un insufrible trasiego administrativo, a su madre la etiquetaron como "desplazada" para poder atenderla. Es inevitable preguntarse qué clase de país somos si permitimos que un incendio se gestione como si fuera un conflicto diplomático entre dos naciones. España necesita, con urgencia, recuperar una visión común de lo público. Las autonomías tienen sentido en tanto que acercan soluciones, no cuando levantan fronteras. La lógica debería ser tan simple como el propio juramento de servicio. Todo lo demás es ruido político, papeleo absurdo y, en última instancia, una traición a la idea misma de comunidad nacional. Porque, cuando se trata de salvar vidas, no hay zamoranos ni cacereños, ni siquiera castellanos ni extremeños: hay españoles. La política que impide que nos ayudemos unos a otros como compatriotas debería arder, esa sí, entre las llamas de la vergüenza.
Por lo menos tendríamos solo que echarle la culpa a uno.
