Es ahora, cuando iniciamos esta nueva etapa. Complicada, difícil, pero lo hacemos desde el convencimiento de que su logro será clave en nuestra convivencia.
No tiene justificación alguna que la política de excepcionalidad jurídica se mantenga, por lo que pedimos un compromiso firme a los agentes políticos, sindicales y sociales, para poner fin a esa situación de excepcionalidad que aún se sufre en las cárceles.
Es una excepcionalidad jurídica, que por supuesto afecta muy directamente a las personas privadas de libertad, pero, también confronta directamente con las decisiones que adoptan las JJTT de las cárceles y la propia Administración Vasca.
En este sentido el 75% de las progresiones de grado que han propuesto las JJTT y han sido aprobadas por el Gobierno Vasco, han sido recurridas por el Ministerio Fiscal y son muchas las personas que han tenido que volver a prisión y a segundo grado penitenciario.
Porcentaje este del 75%, que es un agravio comparativo en cuanto que los recursos presentados por la Fiscalía en el caso de presos/as de otro tipo de tipologías de delito no alcanzan el 25%.
Es por ello, que estas personas en prisión se ven sometidas así a un proceso estresante en la evolución de su situación penitenciaria. Las decisiones judiciales dictadas por el juzgado competente de la Audiencia Nacional se resuelven, con frecuencia, lejos de criterios jurídicos aplicables en el ámbito penitenciario, lo que tiene un efecto destructivo en la moral de las personas internas afectadas.
Se continúa actuando como una jurisdicción especial, creada en un momento y contexto superados por la realidad. A pesar de ello, desde la lejanía y sin consideración a los fundamentos jurídicos presentados por los diferentes órganos administrativos actuantes, la Audiencia Nacional se niega a asumir la nueva realidad y retuerce el Derecho para aplicar una versión que desconoce el principio de reinserción.
Lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más que lo repitamos hoy, ante todos vosotros y vosotras. No estamos pidiendo privilegios para nadie. NO. Pedimos legalidad. La misma legalidad que se aplica a cualquier otro preso o presa de los miles existentes.
La defensa de los derechos fundamentales que hacemos desde SARE, busca garantizar su vigencia. La reinserción o el derecho a la salud responden a estándares internacionales de derechos humanos, que un Estado democrático debe asumir y promover.
La abolición del “Derecho Penal del enemigo”, que es el No derecho, y la vuelta a un derecho penal y penitenciario del ciudadano/a es simple y llanamente asumir la indivisibilidad y universalidad de todos los derechos humanos. Hay que regresar a una convivencia democrática sin dobles varas de medir ni discriminaciones injustificables.
Estamos hablando de presos y presas que llevan cumplidos muchos años de sus condenas. Algunos más de 30 años. De presos y presas, que hace tiempo cumplieron más de las ¾ de sus condenas y ninguna ley dice que no se les pueda aplicar otras formas de cumplimiento fuera de los muros de las prisiones.
Estamos hablando de presos y presas, que no ven computados los años de privación de libertad cumplidos en otros Estados europeos, como Francia o Bélgica.
Nuestra labor se ha fundamentado y así continuará, en una labor de concienciación y transmisión de esta situación a la ciudadanía. Actuamos como expresión de la preocupación y sentimiento cada vez más compartido en la sociedad vasca sobre la situación de estos presos y presas, cuyos derechos entendemos no han sido respetados y como contribución a un marco de convivencia entre sensibilidades distintas.
Esto es lo que pide SARE (no esta todo el manifiesto, pero si la parte clave de la manifestación de hace unos días).
https://sare.eus/es/llaves-para-la-resolucion/
¿Alguien se imagina una organización así respecto a otros delincuentes? ¿Preocupándose por la progresión en grado de otros homicidas?
Con conceptos como "llaves para la convivencia" omiten que en Euskadi ya hay convivencia y que nada va a mejorar esta por el regreso a la calle de personas que no se arrepienten de sus delitos (porque en ese caso sí que estarían progresando en grado o con permisos, según la legislación penitenciaria). Delitos que son en muchos casos de sangre.
