Se votó una solución por mayoría y a mano alzada: los jóvenes de la Comisión renunciarían al premio de las participaciones que ellos mismos habían comprado y los premiados aceptaban una quita porcentual de sus premios hasta cubrir los cuatro millones. Durante unos momentos, se respiró alivio, pero la esperanza duró poco. Los pormenores del acuerdo no habían quedado sellados en ningún papel. Las cifras cambiaban en función de a quién se le preguntara. En la votación no hubo, ni de lejos, unanimidad. Los abogados consultados por este periódico afirman que una votación así no tiene visos de llegar a ningún sitio.
El acuerdo, señalaron algunos de los presentes en la reunión, quedaba sujeto a que todo el mundo se comprometiera a no demandar a la Comisión. Sin embargo, por las calles del pueblo, a la mañana siguiente de la gran discusión, ya empezaba a recorrer un runrún: ya hay quienes anuncian acciones legales frente a la Comisión. ¿Qué ocurrirá si un solo premiado denuncia? Por lo pronto, el débil acuerdo alcanzado quedará, si no lo es ya, en papel mojado.
Los expertos no dudan en señalar como una grave negligencia que los jóvenes dejaran sin consignar las famosas 50 participaciones. Cada una de ellas, explica José Luis Cortés y García, experto en derecho del sorteo y loterías, supone un compromiso contractual y su incumplimiento genera una responsabilidad, en este caso civil, “que puede derivar en la reclamación de la cantidad por parte de los afectados a la Comisión”. Cortés opina que, llegados a juicio, un juez podría dictar una sentencia por la que se condenara a los integrantes de la agrupación a abonar los cuatro millones de euros que faltan. Rosa Nieto Sastre, abogada con amplia experiencia en pleitos relacionados con premios de lotería, coincide plenamente: “Podría llegar hasta ahí”.
Durante la reunión estuvo presente por videollamada un abogado en representación de los jóvenes. Los vecinos comentan que el letrado advirtió a los premiados presentes de que, si denunciaban a los chicos, estos podrían declararse como insolventes y nadie cobraría nada. Cortés, el abogado consultado, no se atreve a estimar el tiempo que podría durar un hipotético juicio, dada la gran cantidad de posibles escenarios, pero no duda en señalar la lentitud del sistema judicial en casos así. Durante ese tiempo, añade, los afectados podrían pedir medidas cautelares para la suspensión del pago de los premios.
Ambos abogados consideran justo que los jóvenes renuncien y entreguen el dinero de sus premios. Sobre ello, Cortés mantiene que se trata de una prueba más de su buena voluntad. En vista de los hechos conocidos, no se les puede acusar de estafadores, defiende. Para ser considerados como tal, es imprescindible que haya dolo. Es decir, “que los miembros de la Comisión supieran que no había suficientes décimos y, aun así, continuaran vendiendo o manteniendo la apariencia de plena cobertura, con ánimo de lucro”, apunta. A juicio de Nieto, el importe que obtuvieron por la venta de los 50 boletos, a cinco euros por cada uno, 250 en total, también elimina la posibilidad de que hubiera ánimo de lucro.
En todo caso, que se llegue a un acuerdo es muy complicado, señalan los expertos. Nieto asegura que no hay obligación legal de ceder parte del premio. Cortés incide en que, “es muy difícil que todos los partícipes se pongan de acuerdo para renunciar a una parte del dinero ganado”. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuántas personas compraron participaciones ni cuántas tiene cada una de ellas. Quien tuviera, por ejemplo, dos participaciones renunciaría a 8.000 euros de los 160.000 ganados en el caso de que el porcentaje de la quita quedara en el 5% que apuntaba un miembro de la Comisión el viernes. “Todo es muy complicado”, admite Cortés, quien augura que el caso “acabará en vía penal”.
En el pueblo hay tantas opiniones de lo ocurrido como ideas de cómo encontrar una solución. Y no solo aquí, donde en invierno residen unas 70 personas. Los habitantes se saben protagonistas de un problema que ha viajado más allá de la comarca.
